La Justicia Federal de Salta imputó a un empresario gastronómico y productor porcino por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral. La acusación surgió a partir de una investigación iniciada tras una denuncia anónima y alcanza a, al menos, siete trabajadores que se encontraban en una finca de Cerrillos.

El establecimiento está vinculado al emprendimiento Cerdo Negro, dedicado a la actividad porcina y a la producción de jamones, además del cultivo de tabaco y aceitunas.

El juez federal de Garantías de Salta, Diego Anzorreguy, imputó a José Antonio “Kiko” Fernández, propietario del establecimiento, por las condiciones laborales y habitacionales en las que, según la Fiscalía, se encontraban los trabajadores.

Cómo detectaron el presunto caso de trata de personas

La investigación comenzó luego de una denuncia anónima realizada a través de la línea 145, destinada a recibir alertas sobre posibles situaciones de trata de personas.

A partir de esa presentación, integrantes de la Procuraduría de Trata de Personas (PROTEX) y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizaron una inspección en la finca ubicada en Cerrillos, Salta.

Durante el procedimiento, los organismos detectaron distintas irregularidades. Según la descripción presentada por los fiscales, algunos trabajadores vivían en habitaciones con piso de tierra, dormían en camas construidas con palets y utilizaban letrinas como baño. Para poder bañarse, debían calentar agua en tachos.

Las condiciones fueron documentadas mediante fotografías tomadas durante la inspección. En total, en el lugar se encontraban 20 trabajadores al momento del procedimiento.

Jornadas extensas y salarios de hasta $500 mil

La fiscal auxiliar Vanina Pedrana señaló durante la audiencia que, en general, los trabajadores cobraban salarios que no superaban los $500 mil y cumplían jornadas laborales excesivas.

Según la acusación, tampoco recibían pagos adicionales por horas extras, feriados o domingos. Además, no contaban con cobertura ante enfermedades o accidentes laborales.

La Fiscalía mencionó el caso de un trabajador que sufrió un accidente mientras realizaba sus tareas. De acuerdo con lo expuesto, no recibió asistencia por parte del empleador y tuvo que ser trasladado por un familiar. Tampoco habría recibido una compensación por la lesión ni el pago correspondiente a los días en los que no pudo trabajar.

Otro de los puntos señalados por los investigadores fue la asignación de tareas. Los empleados figuraban registrados como trabajadores vinculados a la cosecha de tabaco, pero posteriormente eran destinados a otras actividades, principalmente a la producción porcina y la cosecha de aceitunas.

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, esa registración permitía abonar una carga salarial menor y luego disponer de los trabajadores para otras labores.

La situación de los trabajadores y los ingresos del empresario

Entre las personas encontradas durante la inspección había adultos mayores que, según la Fiscalía, se encontraban en condiciones de especial precariedad.

Uno de ellos, de acuerdo con lo expuesto durante la investigación, concurría a comedores porque el dinero que recibía por su trabajo no le alcanzaba para cubrir sus necesidades alimentarias.

La situación denunciada por los trabajadores fue contrastada con la información económica aportada por ARCA. El organismo informó que el empresario había declarado ingresos superiores a los $600 millones durante 2025 y una cifra similar en lo que va de este año.

Para la Fiscalía, esos datos demostrarían que contaba con capacidad económica suficiente para garantizar condiciones dignas de vivienda y cumplir con las obligaciones salariales correspondientes.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal de Salta, a partir de la imputación por trata de personas con fines de explotación laboral.